A pesar de ser una figura legal incorporada recién en la Reforma Constitucional de 1994, ¿podemos decir que Rodolfo Walsh cumplió con el rol de “Defensor del Pueblo”, ya en 1956, durante la investigación publicada en “Operación Masacre”?
Según la ley que crea y regula esta institución, en su artículo 14, “El Defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos.”
Si bien al comienzo del libro Walsh comenta “Perón no me interesa, la revolución no me interesa.” y no logra explicarse porqué la información “Hay un fusilado que vive.” lo atrae, lo cierto es que éste es el disparador de una investigación que transforma al escritor, quien confirma esto en el escrito inédito “Rodolfo Walsh por Rodólf Fowólsh”: "Operación masacre cambió mi vida. Haciéndola descubrí, además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior".
Adentrándonos en el libro se percibe que quién escribió el primer capítulo no es la misma persona que comenzó la investigación, sino que fue profundamente cambiada por los hechos que se revelaron en la misma. Basta para esto comparar ideas simples del prólogo como su insistencia en “¿Puedo volver al ajedrez?” con, por ejemplo, el epílogo de la segunda edición, de 1964, donde explica: “Cuando escribí esta historia, yo tenía treinta años. Hacía diez que estaba en el periodismo. De golpe me pareció comprender que todo lo que había hecho antes no tenía nada que ver con una cierta idea del periodismo que me había ido forjando en todo ese tiempo... ”
Quizá, si no hubieran existido los fusilamientos de José L. Suárez, Walsh hubiera cumplido su deseo de escribir “la novela "seria" que planeo para dentro de algunos años”.
Walsh recibe esta información: “hay un fusilado que vive” y ya al día siguiente se reúne con el Dr. Jorge Doglia que es el abogado de Livagra, el “fusilado que vive”, el damnificado, y decide “actuar de oficio” en la investigación. A los pocos días tiene acceso a la denuncia de Livagra y con esto se entera de la existencia de otro sobreviviente: Giunta. En el transcurso de la investigación, se encontrará con 5 sobrevivientes más: Di Chiano, Gavino, Troxler, Rogelio Díaz y Benavídez.
Logra recolectar, a través de la investigación, los siguientes hechos: El 9 de Junio, a las 21:30 hs ocurre un levantamiento en Campo de Mayo, la pelea de boxeo de Lausse de ese día termina a las 23 hs y la radio no transmite la noticia del levantamiento. A esa hora la policía llega al departamento donde estaban reunidos los 7 sobrevivientes junto a N. Carranza, F. Garibotti, C, Lizaso, M. Brion y V. Rodriguez, entre otros que se presentaron y retiraron durante la noche, mirando la pelea y los llevan a la Unidad Regional. Luego de esto se difunde la noticia del levantamiento y, una hora y media después, se dicta la Ley Marcial.
Luego Rodríguez Moreno, Comisario a cargo, los interroga hasta las 3:45 hs y a las 4:45 se da la orden de fusilarlos.
Al no encontrarse vigente la Ley Marcial al momento de las detenciones, éstas y las ejecuciones derivadas de las mismas, son ilegales, por lo que se hace necesaria la presencia de una figura que defienda a los ciudadanos del atropello legal producido por la Policía. Walsh sabe que está investigando a una institución estatal y asume, sin saberlo, el rol de Defensor del Pueblo, pero de una Justicia distinta...
Lo que sigue en el libro es una reconstrucción de los fusilamientos y como sobrevivió cada uno de los testigos del mismo, así como la suerte de quienes no lograron salvar sus vidas. La narración es clara y directa, buscando llegar a la mayor cantidad de público posible: quién quiera oír, o leer, que lea.
En el libro, cumple también con la denuncia de la obstaculización que se hace a la investigación del caso, correspondiendo, sin quererlo, al artículo 25 de la ”Ley de Creación de Defensor de Pueblo”, en la que se establece que “Todo aquel que impida la efectivización de una denuncia ante el Defensor del Pueblo u obstaculice las investigaciones a su cargo, mediante la negativa al envío de los informes requeridos, o impida el acceso a expedientes o documentación necesarios para el curso de la investigación, incurre en el delito de desobediencia…”
Otra tarea que tiene el defensor del pueblo es la de dar cuenta anualmente de la labor realizada, según el artículo 31 de su ley de creación: “El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cámaras de la labor realizada en un informe que les presentará antes del 31 de mayo de cada año. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe especial.” Luego de la primera edición de “Operación Masacre”, Walsh presentará, en forma de epílogo, las actualizaciones de la investigación realizada.
El Dr. Doglia desde el primer momento le adelanta dos hechos que sucederán más adelante en la historia: la causa sería reclamada por un Tribunal Militar y ese reclamo sería aceptado por la Corte Suprema. Si bien al finalizar la primera edición de “Operación Masacre” la Corte estaba por expedirse, en los apéndices nos encontramos con la novedad de que esto se cumplió como lo vaticinara el abogado.
El autor, logra llegar hasta la Corte Suprema, en calidad de investigador, pero el crimen queda impune. No logra que se “haga Justicia” por los damnificados, y esto lo asume como una derrota.
En un contexto en el que los poderes se cubrían entre sí, en el que se atropellaban y violentaban los derechos civiles y en el que los ciudadanos no podían confiar en la institución de la Justicia, cabe sólo una posibilidad: dar conocimiento público a estos hechos para que se guarden en la memoria del pueblo.
La Justicia popular, la condena social.
Por eso Walsh, el Defensor del Pueblo, escribe.
